Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.(...).

El Artículo 201, tipifica la ocupación o uso de suelo ilegal, indicando que “La persona que para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. El máximo de la pena se impondrá a la persona que sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural ofrezca en venta lotes o parcelas de terreno del predio y reciba del público, directa o indirectamente, dinero o cualquier otro bien de su patrimonio.”

numerales 3, 5 y 6

3. Vigilar el cumplimiento intersectorial de la política y normativa relacionada a asentamientos humanos irregulares;

5. Iniciar las acciones penales correspondientes contra quienes promuevan asentamientos irregulares y presentar las acusaciones particulares respectivas, en caso que el Estado sea el ofendido;

6. Solicitar a las autoridades públicas los desalojos respectivos, de conformidad con la Ley.

Estatuto Orgánico de Administración por Procesos de la STCPAHI, publicado en Registro Oficial, Edición Especial N° 415 del Jueves, 10 Diciembre 2015; (Cap. III, 3.2.1.1): 
           1. Informes de levantamiento extrajudicial de asentamientos humanos irregulares.
           2. Informes técnicos que viabilicen la intervención juridicial y extrajudicial.
           9. Informe del estado de las denuncias por tráfico de tierras y otras acciones relacionadas.
         10. Insumos jurídicos para investigaciones.
         11. Informe de procesos judiciales civiles y penales relacionados a las invasiones y tráfico de tierras.

El Gobierno Central a través del organismo encargado de dictar la política pública intersectorial de prevención, ordenamiento y control de asentamientos humanos irregulares, determinará técnicamente los estudios y parámetros aplicables para los asentamientos humanos irregulares, en general, sobre la base de la presente Ley y en las resoluciones que se dictaren para tal efecto.